Comunicado a la opinión pública nacional e internacional sobre señalamientos de secuestro por parte del ministra Nancy Patricia Gutiérrez

Jueves 28 de marzo de 2019, por Milton Heber Pardo

Desde el escenario de Convivencia, Dialogo y Concertación ubicado en el resguardo las Mercedes sector el Pital, municipio de Caldono, Cauca, los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, organizaciones garantes de los derechos humanos y comunidad en general lo siguiente.

Hoy 27 de marzo de 2019, mientras la minga social del suroccidente esperaba la llegada de la delegación del Gobierno Nacional al sector el Pital, sitio donde se realizaría la mesa de diálogo, la ministra anunció que suspendía los diálogos por posible secuestro de un miembro de ejército, señalamientos con el fin de no continuar con la mesa diálogo. Cabe aclarar que no es la primera vez que la ministra suspende la mesa con la excusa de un secuestro.

Por lo anterior, ante estos señalamientos damos a conocer que:

Hechos:
El día 26 de marzo de 2019, en el punto denominado San Isidro del resguardo la Concepción la guardia indígena realizaba el respectivo control territorial en horas de la noche, en este ejercicio el señor Jhon Jairo Mundol Duque, quien se transporta en un vehículo y portaba una pistola, 36 proveedores y prendas de uso privativo de las fuerzas militares, de acuerdo a la jurisdicción indígena se lleva a prevención para realizar la respectiva investigación y aclaración de su presencia en el territorio. Jhon Jairo se identificó como miembro del ejército y manifestó estar de permiso. Después de la respectiva investigación que se realizó, la guardia y las autoridades indígenas procedieron a entregarlo a los garantes defensoría del Pueblo, Mapp OEA y la ONU DDHH.

La Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz que se realiza en el suroccidente colombiano, rechazamos la presencia militar ya sea legal o ilegal dentro de los lugares en los cuales se encuentran los mingueros, como es de conocimiento de la fuerza pública y de los funcionarios públicos. Solo buscamos garantizar la paz y tranquilidad de quienes nos encontramos en este espacio de diálogo.

Por lo anteriormente expuesto, aclaramos ante la opinión pública, que las autoridades tradicionales con ejercicios jurisdiccionales reconocidos legalmente en la constitución política de Colombia, la guardia indígena como instrumento de protección y control territorial, la comunidad como juez natural en el marco del derecho propio no secuestraron al militar del ejército como lo anunció la ministra. El ejercicio de control territorial se hace con fin de garantizar que no hayan infiltraciones de actores armados que deslegitimen el procesos que realizan los sectores indígenas y campesinos del sur occidente colombiano, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Es pertinente manifestar que durante los 16 días de minga se han llevado a prevención a cinco personas de civil, que finalmente en los respectivos procedimientos de investigación se identificó que pertenecían a la fuerza pública, (Ejército y Policía Nacional) los cuales dentro de los protocolos establecidos en del marco internacional de los Derechos Humanos después de su respectivo fueron entregados a garantes encargados de la misión humanitaria.

Por todo lo anterior, exigimos a la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérres y al Ministro de Defensa Guillermo Botero Nieto no realizar señalamientos que van en contravía de la realidad, por cuanto, rompen la confianza que se requiere para seguir avanzando en un diálogo social en procura de fortalecer un proyecto político de vida y lograr soluciones reales y concretas a los acuerdos ya pactados y las exigencias de las pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares del suroccidente del país.

Finalmente, hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias acompañen a las comunidades y familias de la Minga social del suroccidente.

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