Comunicado de los Pueblos y Organizaciones Indígenas representados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Los pueblos y autoridades indígenas de Colombia en el marco de la sesión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas – CNDDHHPI, celebrada durante los días 9 y 10 de septiembre del año 2019, informamos al pueblo colombiano, las instituciones de Gobierno y la comunidad internacional que:

Somos 104 pueblos originarios defensores del territorio y de nuestros derechos individuales, colectivos y diferenciales que nos hemos visto amenazados por las políticas de gobierno materializadas en acciones regresivas, que han conducido a nuestras comunidades a una situación caracterizada por el riesgo de exterminio físico y cultural.

Nuestros mandatos de protección, autoprotección y de salvaguarda territorial están siendo estigmatizados, señalados, desarticulados y eliminados del escenario nacional mediante una metodología de colonización, usurpación del pensamiento y saqueo del territorio. Además de los procesos de genocidio, etnocidio y ecocidio, somos víctimas de falsos señalamientos hacia nuestros procesos organizativos respaldados en la legitima defensa del “buen vivir” de nuestras comunidades en los territorios.

Reiteramos que no somos aliados de grupos armados, somos una colectividad que resiste sin armas, empuñando los bastones, arcos y cerbatanas de la dignidad ante la barbaridad de la violencia, la discriminación y el olvido. No somos afines a ideologías políticas amañadas y promovemos la paz porque es nuestro deber para mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

Sin embargo, quienes históricamente han expropiado el territorio, construido su riqueza económica con la esclavización de los sectores más vulnerables, el empobrecimiento de los colombianos, el sistemático rechazo y negación de los derechos fundamentales, no se sienten completamente satisfechos y ven en el conflicto armado una estrategia de debilitamiento del movimiento indígena mediante sus prácticas deshumanizadas de asesinatos selectivos, masacres, amenazas directas y colectivas, entre otras prácticas reprochables.

Rechazamos las inculpaciones que nos hacen y denunciamos:
La grave situación de vulneración de derechos humanos que atraviesan nuestras comunidades en sus territorios por la negligencia del Estado, el accionar de grupos armados al margen de la ley y las actividades extractivas desarrolladas por empresas nacionales y trasnacionales que deterioran nuestras condiciones de vida y ponen en riesgo la pervivencia de nuestras comunidades.
La militarización de nuestros territorios y la implementación de políticas de gobierno que persiguen y atacan formas propias de protección como la guardia indígena y otros mecanismos de resistencia.
El continuo genocidio de los pueblos indígenas que nos conduce al exterminio físico, territorial y cultural con prácticas ilegales de desapariciones forzadas, despojo de territorial y violaciones de derechos humanos que atentan contra nuestra vida, territorio y dignidad.
Agudización del conflicto armado en el Pacífico Colombiano, donde a sangre y fuego están luchando por despojar a los indígenas de sus territorios y así dar paso a megaproyectos continentales como el canal interoceánico que destruirá ecosistemas estratégicos.
El desconocimiento estatal de las normas y tratados internacionales entre los que se encuentran la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT ratificado por la ley 21 de 1991, el Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Capitulo Étnico específicamente), Ley 1448 de 2011, Decreto Ley 4633 de 2011, decreto 1953 de 2014, Auto 092 de 2008, Acuerdos de consulta previa libre e informada al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), Decreto Ley 1955 de 2019, y el bloque de constitucionalidad.
Incumplimiento con las víctimas, quienes no permanecen a la espera de los compromisos del Estado.
Incumplimiento de los Acuerdos de la Comisión de Derechos Humanos – 2015 – 2019: en materia de acuerdos de derechos humanos suscritos entre el gobierno nacional y las Organizaciones Indígenas Nacionales, existe un nivel de incumplimiento desproporcionado frente a la situación de conflicto que hoy se padece, exponiendo la falta de voluntad política por parte del Gobierno Nacional para garantizar acciones reales y contundentes que contribuyan a la ejecución de programas, políticas y proyectos con impacto Nacional y Territorial.
Rechazamos la inadecuada implementación del proceso de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito que atentan contra nuestro territorio mediante la fumigación con glifosato, desconociendo el daño comprobado que ocasiona a la salud y al medio ambiente.
Por lo anterior, solicitamos:
Al pueblo colombiano mantener y rodear las luchas sociales para la defensa de los derechos, la vida y el territorio. Tomar conciencia y reconocer que las políticas de gobierno están acabando con la Madre Tierra.
Al Estado colombiano investigar falsas acusaciones que representantes políticos hacen en contra de los pueblos y organizaciones indígenas que nos están poniendo en riesgo y están vulnerando nuestros derechos.
Fortalecer los mecanismos de participación de las comunidades indígenas al interior del Sistema General de Participaciones –SGP, cumpliendo los acuerdos establecidos.
Detener todas las formas de despojo territorial que se vienen presentando al interior de los pueblos indígenas.
A la Comunidad Internacional para desarrollar labores de observación, seguimiento e incidencia para el respeto y las garantías de los derechos de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas queremos y apostamos a la paz; estamos en la disposición permanente del diálogo abierto intercultural, que propende por el respeto de nuestros principios, territorios, oralidad y formas de vivir.

Así las cosas, esperamos que se mitiguen y detengan las acciones de vulneración de derechos contra los pueblos y comunidades indígenas, en atención a sus obligaciones internacionales, en congruencia con el modelo de Estado definido en la constitución de 1991 y de conformidad con el capítulo étnico de los acuerdos de paz, además de todos aquellos necesarios y pertinentes para garantizar la vida de los líderes y pueblos indígenas, donde podamos hacer realidad un Estado democrático bajo los principios de respeto a la diversidad étnica, protección del territorio y defensa de la vida.

Además, requerimos garantizar la participación real y efectiva de los pueblos indígenas a través de nuestras organizaciones nacionales y de base, en el desarrollo de la hoja de ruta, encaminada al fortalecimiento y a la puesta en marcha de iniciativas sostenibles para la protección de la Cuenca Amazónica.

Finalmente, hacemos nuevamente un llamado a la sociedad civil para que juntos construyamos la paz, el cuidado de la naturaleza y la resistencia pacífica promoviendo la defensa de la vida.

“Cuenten con nosotros para la Paz, nunca para la guerra”