El poder de los medios aplicado contra las comunidades indígenas. Caso Programa Séptimo Día

Foro “La representación de lo indígena en los medios de comunicación masivos”

Lunes 14 de septiembre de 2015, por Milton Heber Pardo

Séptimo día, programa de Canal Caracol, que se emite en horario triple A, dedicó tres emisiones, de más de una hora cada una, al desprestigio de las las comunidades indígenas de Colombia y sus organizaciones, con énfasis marcado en Cauca y Guajira, los dos departamentos con mayoría de esta población en el país.

A la miniserie denominada “desarmonización: la flecha del conflicto”, yo he preferido rebautizarla, en otro lugar, con el nombre de “Séptimo Día: Basucazo mediático contra los derechos indígenas”, ya que se dirige claramente a acabar, buscar dar el golpe final contra pueblos que se encuentran en riesgo de desaparecer, según lo ha asegurado la Corte Constitucional de Colombia en el auto 004 de 2009 en desarrollo de la sentencia T-025 de 2004.

Esta miniserie no solamente tiene el método erróneo el partir de situaciones particulares para llegar a conclusiones generales sobre las comunidades indígenas, sus autoridades y organizaciones, sino que no es rigurosa en los casos que investiga, utilizando situaciones que en su mayoría no tienen ninguna relación con la temática sobre la cual se pretende argumentar.

DIRECCIONAMIENTO POLÍTICO DEL PROGRAMA.
El programa claramente busca atacar los derechos indígenas consagrados en la Constitución Nacional, fundamentalmente los siguientes: a) Autonomía, b) Consulta previa, c) Jurisdicción indígena, d) Entidades Territoriales.

Durante el desarrollo del serial no hay indicadores que permitan hacer una comparación entre la situación inmediatamente anterior a la promulgación de la Constitución Nacional de 1.991 y la situación posterior. Las cifras que se presentan como las actuales se dan de manera absoluta, considerándolas resultado negativo de la aplicación de los derechos constitucionales, sin dar ninguna cifra sobre el cómo estaba ello en el momento de ser aprobada la carta política.

Las autoridades y organizaciones indígenas no fueron tenidas en cuenta en el programa para hacer su evaluación histórica; se entrevista al consejero mayor del CRIC pero a pesar de grabarlo por más de una hora, solamente es mostrado en indagatoria acerca de un caso específico de jurisdicción indígena y sobre los recursos de la reparación del Nilo; en cambio la senadora Paloma Valencia, hablando casi como productora de Séptimo Día, tiene canal abierto desde que comienza el programa, para plantear evaluaciones sobre la Constitución, en contra de los derechos indígenas reconocidos en la misma. Para los conocedores de la política en Colombia es claro que esta senadora representa a una de las familias que más se ha opuesto a los indígenas en el Cauca, y al sector político del expresidente Uribe que permanentemente se ha manifestado en contra de la consulta previa y de los derechos consagrados en la Constitución del 1.991. Valga recordar la posición del Gobierno del entonces Presidente Uribe en Naciones Unidas respecto a la “Declaración de derechos de los pueblos indígenas”, siendo Colombia el único país latinoamericano que se abstuvo de votar a favor de la aprobación de la misma. Para los televidentes avisados queda claro que, para este sector político que tiene gran peso durante todo el programa, no se trata de analizar las situaciones que se presentan sino de utilizarlas mediáticamente para lograr apoyos en la opinión pública a su animadversión hacia los indígenas que no le son sumisos.

Otra persona que aparece de manera regular en el programa es la caucana Diana Perafan. Ella se pretende contextualizar como líder indígena, cosa que no es cierta, ya que no es siquiera indígena. En su primera intervención en el programa dice “cuando llegan los españoles a nuestros territorios…”, cosa que puede decir cualquier colombiano pero que desde la presentación en el programa tiene una connotación especial. Cualquier espectador que no conoce detalles (la mayoría de los televidentes) se forma la idea de que Perafan es indígena y ha sido integrante de procesos comunitarios. De hecho en otros momentos desde la producción del programa se la presenta como líder indígena. No es que por no serlo no tenga derecho a hablar, pero se desinforma desde Séptimo Día al presentarla de esta manera ya que ello le da un contexto de persona de la comunidad que está en contra de sus autoridades a quienes heroicamente señalaría, representando un sector indígena que está oprimido por la estructura. Es una clase de desinformación acerca del “lugar desde el que se habla”.

Es asombroso como la periodista está a la zaga del consejero mayor del CRIC, y de funcionarios públicos que pueden dar algún luz sobre el tema, pasando esto último también con los abogados del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, para cuestionar cada frase que dicen, e incluso hacer esto después con voz en off, en tanto los noveles editorialistas de Séptimo Día (así parecen) Paloma, Rangel, Perafan, hablan sin ninguna interrupción y hasta sin presencia de periodista alguno.

Es de constatar que incluso la pregunta se edita luego desde otro lugar haciendo aparecer como sí el entrevistado evadiera la pregunta como en el caso de la entrevista al consejero mayor del CRIC, en el cuál claramente la periodista se encuentra en un ambiente distinto al del entrevistado, con un poster de la artista Silvia Pinal de fondo.

El programa utiliza expresiones racistas, por ejemplo al hacer comparaciones poniendo por un lado la “población indígena” y por otro lado la “población normal”. El senador Rangel, que es graduado por el programa como estudioso de temas indígenas, señala a estas comunidades como “zonas grises en el país, con situaciones de anarquía y degeneramiento, sin control de las autoridades nacionales ni de las propias”. Lo que sabíamos es que este senador se reivindica como experto en seguridad democrática; seguramente esto le hace georreferenciar aquello que no puede controlar o dominar como una zona gris que debe ser arrasada con su luz.

Otra situación racista se ubica al tratar de sacar conclusiones sobre la organización social indígena, sus avances y retrocesos, su vivencia de la diversidad, asumiendo irresponsablemente señalamientos sobre temas que los productores no han tenido la capacidad analítica de estudiar o no han querido. Es, por ejemplo, completamente racista concluir desde un caso particular de 4 jóvenes indígenas que han caído en la droga, la violación y el asesinato que los “indígenas hoy son seres humanos quebrantados”.

MANEJO DE LAS CIFRAS ESTADÍSTICAS.
Para darse un aire científico el serial plantea de vez en cuando cifras estadísticas. Es sabido por la opinión colombiana que los indígenas están en bajos índices en variables que miden el desarrollo y la superación de la pobreza; el programa atribuye esto a las organizaciones indígenas que, según sus productores, reciben recursos para actuar al respecto, así como a la autonomía que tienen las comunidades para gobernarse y que no permite una adecuada acción del Estado.

Quienes han estudiado las categorías de pobreza y desarrollo, así como sus indicadores, saben que éstas y éstos no pueden abordarse como algo absoluto, es decir lo mismo para cada cultura. No obstante, las organizaciones y comunidades indígenas de que se trata en el programa no niegan el abordaje de estas categorías e incluso ponen como objetivo su mejoramiento, pasando ello por indicadores aceptados institucionalmente como la cobertura, calidad, pertinencia y pertenencia.

En los bajos avances al respecto tiene que ver mucho la inequidad histórica en el país (no solo con los indígenas), siendo la centralización uno de los principales factores ya que hasta hace poco regiones como la Costa Pacífica, la Orinoquia, la Guajira y el Sur de Colombia, no tenían el más mínimo acceso a servicios sociales que resuelven necesidades básicas o coadyuvan al desarrollo humano; otro nivel de inequidad es el que se da entre lo urbano y lo rural, presentándose claramente en las ciudades mejor garantía de servicios sociales que en el campo. Siendo las comunidades indígenas a la vez rurales y de estas regiones de la llamada otra Colombia, es lógico que estén por debajo de indicadores promedio nacionales, siendo ello agravado por el ataque por siglos contra la pervivencia de estos pueblos y contra sus territorios y hábitat tradicionales.

No obstante, algo ha venido cambiando desde la Constitución de 1.991, no tanto por la cantidad de recursos que se asignan desde el Estado, que como veremos son ínfimos, sino por el grado de organización, identidad y movilización que han ido desarrollando las comunidades indígenas.

Las cifras de pobreza (o mejor empobrecimiento) han sido denunciadas de manera permanente y durante años por las organizaciones indígenas; por tanto sería suficiente con denunciar aquí la mala intención del programa al atribuir la responsabilidad a las autoridades y comunidades indígenas y no al Estado quien tiene el mandato constitucional de velar y garantizar que se cumplan los derechos sociales, económicos y culturales, de la población colombiana incluidos en ella los más de 100 pueblos indígenas existentes. Sin embargo, me parece importante denunciar la manera en que estas cifras se quieren usar subliminalmente por Séptimo Día para cuestionar los derechos diferenciales e incluso la concepción de una Nación multiétnica y pluricultural, recurriendo al artificio de ignorar o hacer caso omiso de fuentes de datos existentes y simplemente ir soltando cifras que exageran las situaciones y que hacen abrir la boca a más de uno, además de los presentadores que seguramente lo hacen de oficio.

LA JURISDICCIÓN INDÍGENA.
La hipótesis del programa es que este derecho especial es una forma de inmunidad para los indígenas ya que las comunidades no castigan los delitos y la jurisdicción ordinaria no puede actuar.

El programa enfoca tres casos de violaciones sexuales en las comunidades, cuestionando no solo el tratamiento jurídico dado a los mismos sino a la jurisdicción indígena en su conjunto.

Es de aclarar que el delito sexual es uno de los temas que aún tiene altos índices de impunidad en el país; existen situaciones recurrentes en las ciudades y en los campos; esta situación está asociada al machismo y a la violencia. Los pocos delitos que se investigan son apenas una parte del iceberg que asoma a la superficie. Se sabe de casos en municipios del país en los cuales lo primero que dicen las autoridades civiles o policiales ante las que se denuncia, es que es necesario tener pruebas ya que, de otra manera, la mujer que lo hace puede terminar acusada de falsedad; o de casos en que al victimario se le ha permitido tener detención domiciliaria en la misma vivienda que la víctima. Esto para decir que la jurisdicción ordinaria no goza de la eficiencia que le atribuye el programa cuando señala que sí estos casos se hubieran resuelto por fuera de la jurisdicción indígena, “hubieran tenido una condena ejemplar”. Casos famosos de violadores que delinquieron durante muchos años en el país sin ser procesados, señalan las falencias al respecto, sin que a nadie se le ocurra que el remedio es acabar con la justicia ordinaria.

El programa no presenta cifras de promedios nacionales de violación sexual versus casos denunciados, casos procesados, casos resueltos, que se puedan comparar con promedios de la jurisdicción indígena, que tampoco son presentados.

Los productores del programa sacan la conclusión que los delitos sexuales son delitos en Colombia pero no lo son en los cabildos indígenas, generalizando a partir de la presentación mediática de tres casos, en una violación de las normas de la lógica que daría pena hasta a los sofistas. Como argumentos toman el castigo imputado y la definición de delito que hacen algunos indígenas entrevistados.

El castigo imputado que se señala es el fuete. El programa como no tiene más que unos pocos casos a mostrar, saca la conclusión de que este es el único castigo. No se investiga cuantos casos de violencia sexual han sido procesados en las comunidades y cuales han sido los castigos. Lo cierto es que el fuete no es el único castigo, ya que cada comunidad establece el aplicable para cada caso, pudiendo éste implicar detención penitenciaria y en algunos casos con mayor tiempo que en la jurisdicción ordinaria. Con solo visitar algunas penitenciarias del país con indígenas remitidos allí desde la jurisdicción indígena, Séptimo Día había podido tener un panorama más amplio de este tema, si realmente este hubiera sido su interés.

La definición del delito se hace desde la cosmovisión indígena de cada pueblo. En general este concepto parte de que el mundo es armonía y que quienes se salen de ella están enfermos y deben ser armonizados con remedios, lo cual se debe hacer por procesos culturales y sociales. Cada caso es diferente no solo por la tipología del caso sino también por lo que éste origine en la comunidad acorde con las fortalezas y debilidades que ésta tenga en un momento especifico. Séptimo día no deja claro que la definición como una enfermedad o desarmonía no lo es solo para el delito sexual sino para todos los delitos. Al presentarse que el delito sexual no es tal para la jurisdicción indígena, pareciera que no se juzga; pero sí se parte de la concepción de que todo lo que se llama delito desde la jurisdicción ordinaria, desde la comunidades indígenas se llama enfermedad y debe ser armonizado, se entiende el papel de la jurisdicción indígena y que ésta abarca tanto los delitos sexuales como los de robar, matar, violentar, aunque se les dé otro nombre (enfermedad).

El castigo en la jurisdicción indígena por tanto es más bien la aplicación de un remedio, y éste varía en cada caso inclusive al interior de una misma tipología. La detención en sitios de armonización es uno de los remedios más utilizados, el cual se combina de manera adicional con el fuete o el cepo.

En el capítulo del seriado dedicado a la temática de administración de recursos públicos por parte de los cabildos, la falta de profundidad de Séptimo Día le permite señalar impunemente, como lo hace, que “ los indígenas tienen su propia justicia indígena y sí se roban los dineros públicos y son descubiertos tan solo recibirán un par de latigazos y listo” lo cual contrastaría con el resto de colombianos que son vigilados por “la procuraduría, la contraloría, fiscalía… ¡cuando se trata de dineros públicos, el que es corrupto se va a la cárcel¡”. Vaya, con tal de contrastar con lo que se le está endilgando a los indígenas hasta la justicia ordinaria aparece como un dechado de eficiencia.

Una de las grandes falencias del derecho constitucional de jurisdicción propia es el de no tener desarrollos que asignen presupuesto para el funcionamiento de ésta; por ejemplo, no hay ninguna forma financiera para desarrollar centros de armonización, por lo cual las personas con detención son enviadas a las penitenciarías que maneja el INPEC[1], bajo la figura de “patio prestado”. Se han presentado demandas contra los cabildos por no garantizar centros de armonización en sus propias comunidades, ya que la jurisdicción indígena no es solo un derecho colectivo de las comunidades para ejercer justicia sino a la vez un derecho individual, en el sentido que cada indígena tiene el derecho de ser juzgado acorde con sus sistemas y tradiciones.

En financiamiento el Estado colombiano no aporta recursos para el funcionamiento de la jurisdicción indígena, aunque los cabildos pueden destinar parte de la transferencia del Sistema General de Participaciones, pero esta es muy poca para todas las prioridades de la comunidad. Es de aclarar que ninguno de los integrantes de los cabildos, reciben ninguna clase de salario o de asignación por las funciones que ejercen. Respecto a la detención en penitenciarias, el INPEC ha venido insistiendo en que los costos de manutención de los detenidos indígenas deben ser asumidos por los cabildos y/o comunidades de origen. El Consejo Regional Indígena y la ONIC han venido planteando al gobierno colombiano y al Consejo Superior de la Judicatura la necesidad de implementar centros de armonización en las comunidades indígenas, pero hasta el momento ello no ha sido posible.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP CON DESTINACIÓN PARA INDÍGENAS: SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN.
El II programa se anuncia con la pregunta “¿la corrupción llegó a los cabildos indígenas?” y se desarrolla una introducción con la necesidad de transparencia en el manejo de los recursos de todos los colombianos, “nuestros recursos fiscales, nuestros impuestos”.

Según las preocupaciones esbozadas desde la producción del programa, todos los recursos del Estado son controlados por la Contraloría, la Procuraduría, las veedurías ciudadanas, pero no así una parte de lo que se destina para las comunidades indígenas debido a la autonomía que no permite que ello se dé.

El programa habla de 144.000 millones de pesos que cada año los resguardos indígenas del país reciben del Sistema General de Participaciones, canalizados de manera directa y sin mayores controles a los cabildos. Séptimo día hace esta aseveración general, con la cual editorializa, pero luego no desarrolla ningún caso al respecto. Sin embargo, es posible que para la mayoría de los televidentes haya quedado la impresión de que en todo el programa se está hablando de estos recursos. De hecho, en varias entrevistas, a lo largo del programa, se habla de que los cabildos reciben mucha plata y la solución de las necesidades no se ve.

En un momento avanzado del programa refiriéndose a unos recursos de proyectos productivos, el programa dice: “este dinero es aparte de los que cada año el gobierno designa para el Sistema General de Participación, que si llegan a las alcaldías y son supervisados por los entes de control”. Es falsa entonces la aseveración de que estos recursos son canalizados y sin mayores controles a los cabildos. La pregunta es porqué insisten tanto, en la introducción del programa, con las cifras del SGP de asignaciones especiales para resguardos indígenas, sí luego dicen que ellos no son el problema? En mi concepto, lo que queda al televidente es la aseveración inicial que con bombos y platillos hace el presentador del programa, y esta frase suelta que dice que estos recursos no son el problema, no es más que un lavado de manos ante cualquier demanda o solicitud de rectificación.

Valga pues la pena, hablar sobre este editorial:

Los 144.000 millones con destinación específica para indígenas dan un promedio no mayor de ciento cincuenta mil pesos por persona al año. Por los reclamos de la producción y de las periodistas se esperaría que con estos recursos se solucionara el problema de vivienda, de agua potable, de vías, de funcionamiento de la jurisdicción indígena, de alfabetización, de nutrición, de alimentación, de ingreso, etc.

Hasta ahora legalmente los cabildos y la comunidad solo intervienen respecto de estos recursos de SGP en la definición de que necesidades van a cubrirse, pero no en la recepción ni en la ejecución de los mismos[2].

[1] Solo ahora con el decreto 1953 de 2014, los cabildos podrán administrar directamente los recursos de asignación especial para resguardos indígenas. En este año solo 3 cabildos, de más de 800 en todo el país, empezaron a hacerlo después de pasar filtros administrativos desde DNP, quedando además bajo la administración de todos los organismos de control. Quizá parte del escándalo pueda ser para trancar esto; me recuerda una historia en la cual la abuela le pegaba a su nieta pequeña, imaginándose lo que iba a hacer cuando creciera, diciéndole: “no te pego por lo que has hecho sino por lo que vas a hacer”.

[1] Resguardo de la alta y media Guajira, uno de los más grandes del país.

El programa desarrolla un caso de SGP pero no de los que supuestamente está denunciando. Es el referente al municipio de Uribia. En este caso, por los datos presentados, se trata del manejo que hace el municipio de los recursos que la Nación transfiere como asignación especial para resguardos indígenas; se puede colegir entonces que cuando las líderes y personas entrevistadas hablan sobre el manejo de estos recursos se refieren a la alcaldía y no a los cabildos (como lo insinúa el título del programa y como parece señalar Manuel Teodoro en la presentación de esta sección). La confusión para el televidente se puede dar tanto por la poca claridad que hacen los periodistas como por el hecho de que en un municipio donde casi el 100% de los habitantes son indígenas, sus mandatarios también lo son e incluso se puede hablar de ellos como sus líderes. Séptimo día debió en este caso dirigir su investigación a las alcaldías y no utilizar las declaraciones presentadas como sí se refirieran a los cabildos.

En el caso del municipio de Uribia, lo único que se habla de los cabildos, en este caso por el funcionario de asuntos indígenas del municipio, es que el resguardo de allí[3] podía asignar los recursos anuales de SGP – asignaciones especiales para resguardos indígenas- para un solo proyecto, por ejemplo para el acueducto regional y no repartirlo en centavos en el cubrimiento de muchas necesidades; esta salida, varios resguardos del país la han implementado pero implica un ejercicio bastante cuidadoso de concertación, ya que algunas veredas o sectores se pueden considerar maltratados. Es de aclarar que de darse esto, la ejecución de la obra estaría completamente bajo responsabilidad del municipio y no del cabildo[4] (al igual que sí se distribuye entre varios proyectos).

Con los proyectos productivos, con fuentes distintas a la de SGP, que, como último recurso del programa, son colocados cómo el escenario de la corrupción, se presentan por el programa tres casos, uno de la década del 90 (en Purace – Cauca) y dos de esta época (en Uribia – Guajira y en San Antonio Calarma – Tolima) cuyo monto en conjunto está por debajo de los doscientos cincuenta millones de pesos. No es que estos casos no merezcan la atención y no deban ser repudiados por el movimiento indígena y por los demás colombianos en caso que haya existido alguna corrupción, pero es bueno señalar que ello no se corresponde con la denuncia de miles de millones de pesos que se estarían administrando sin ningún control. Por otra parte estos recursos provienen, sí es que realmente se dieron, de los Ministerios, los cuales deben responder por los recursos que ejecutan, hacer seguimiento y liquidar los contratos; por ser dineros públicos estos dineros deben tener total vigilancia de los órganos de control y sus responsables por la ejecución son los funcionarios que ordenan el gasto en los respectivos Ministerios.

Da indignación, ver a la periodista que fue hasta San Antonio Calarma, en el departamento del Tolima, asombrada porque su cuestionado entrevistado, el gobernador de esta comunidad, no habla el idioma pijao, y luego denunciar, con voz en off, a “esta autoridad que ni siquiera habla la lengua de la comunidad”. Me vino al recuerdo la memoria de ilustres antropólogos que desde hace más de 40 años están tratando infructuosamente de encontrar por lo menos una persona que hable esta idioma, ya que hasta ahora la lengua pijao es técnicamente una lengua extinta pues no cuenta con ningún hablante conocido. No me parece entendible como esta periodista que atravesó toda la cordillera de Calarma para llegar hasta esta comunidad no se haya dado cuenta que ninguno de los mortales que por allí viven, hablan otra lengua que el español.

LA CONSULTA PREVIA
Este tema se asume como conclusivo en todos los capítulos. Con un solo caso de consulta previa se concluye en el programa que ella es algo negativo para el país y que esta figura es una concesión a los indígenas que va en contra del interés general; afirmando además que ella paraliza obras, retrasa beneficios y origina graves costos para los inversionistas. Según Séptimo Día la consulta previa es sinónimo de entrega de plata fiscal y de la obligación de someterse a condiciones absurdas sin límites, lo cual puede hasta impedir la obra.

El caso que se esboza en el programa es el de una represa que se va a hacer en el Cesar, y para la cual los indígenas exigen la consulta previa y se expresan en contra de esta obra.

El editorial del programa, la producción, asume claramente los intereses a favor de la obra y no tiene en cuenta los argumentos indígenas.

El interés a favor de la obra se expresa por el alcalde de Valledupar quien asegura que ella es para garantizar el agua del acueducto para quinientos mil personas en los próximos años. Se dice también, por parte de los productores, que el gobierno ha consultado ambientalistas y que ellos afirman que la obra no va a causar daños.

Los argumentos indígenas señalan que la obra va a causar daños en la naturaleza que no ven los que la impulsan pues solo se interesan por sus ganancias, y que no es verdad que la obra va a garantizar el agua para la población sino solo para la producción agroindustrial de palmeros y ganaderos.

Los argumentos indígenas no son tenidos en cuenta en la parte conclusiva del programa ni merecen una consideración o profundización por parte de los productores; simplemente se consideran sin validez: “Este capricho de los indígenas puede dejar sin agua a los que siempre quedan en la mitad de todo conflicto: la gente”. Aparte de que aquí se vuelve a considerar a los indígenas como no formando parte de la gente, no se investiga ni se profundiza en el programa porque lo que dice o invoca el alcalde es representación del interés general en tanto que lo que plantean los indígenas no es más que un capricho.

En últimas lo que está en cuestión es la concepción de desarrollo: ¿es válido todo crecimiento económico, toda explotación de la naturaleza con tal que genere ganancia, que genere ingresos? Séptimo Día se casa con la concepción del desarrollo a ultranza: “Colombia no es el único país en Latinoamérica donde la consulta previa ha trabado el desarrollo, es un tema polémico para muchos gobiernos”. La concepción que propugnan las comunidades indígenas y sectores ambientalistas, cada vez más crecientes en Colombia y en el mundo, consiste en que la naturaleza tiene sus límites y que hay un umbral en el cual si no respetan unas normas básicas, en el inmediato futuro no habrá ni agua, ni animales, ni plantas, ni vida, y que por tanto debe buscarse otra clase de desarrollo donde se garantice la vida a los que han de venir. Esta última concepción no tiene cabida en el programa, pues aunque es planteada por una autoridad indígena es completamente ignorada.

Séptimo día concluye que no se trata de eliminar la figura sino de ponerle unos límites y que el proceso merece ajustes urgentes. Es de destacar que para llegar a esta conclusión, en el programa no se estudia cómo funciona la figura y no se da ninguna discusión que lleve a concluir que necesite ajustes, de no ser el rechazo general a la misma que se expresa desde los productores de Séptimo Día.

6. LOS INDÍGENAS Y LAS FARC

El principal argumento que maneja séptimo día es que la pregonada neutralidad indígena respecto al conflicto armado no es tal y que una parte muy alta de la dirigencia indígena coordina con las FARC o hace parte de ella. En este sentido, presenta declaraciones de funcionarios públicos y militares del más alto nivel y de un informante enmascarado, que se presenta como desmovilizado de este grupo guerrillero.

Sin importar las consecuencias que su señalamiento público pueda ocasionar en un país tan radicalizado en algunos de sus actores, el Programa recoge algunas escenas en donde aparece Feliciano Valencia; cuestionando en cada caso las actuaciones de dicho dirigente indígena, séptimo Día va abriendo el camino para poder preguntarse sí éste “está jugando a dos bandas: en una aparentando con el gobierno nacional y en otra haciendo alianzas con la guerrilla”. Esto es reforzado por el recién graduado de “estudioso en temas indígenas” Alfredo Rangel, quien afirma: “La justicia colombiana está en mora de esclarecer con precisión los nexos no solo la situación de este líder sino de muchos que están cuestionados por sus mismas comunidades puestos en situación de sospecha por indicios de nexos con grupos terroristas como las FARC”.

El programa hace abuso de la técnica para hacer decir a los entrevistados lo que no han dicho y para mostrar imágenes que no corresponden a la realidad del movimiento indígena:

Juegos de palabras.
Se utilizan dos entrevistas: Una, de Matías Aldecoa, comandante de las FARC presente en la Habana, refiriéndose al departamento del Cauca: “allá guerrilleros y milicianos en un 98 o 99% componen los frentes”; Otra, de alias Chepe, informante que se dice desmovilizado de las FARC, que se cubre parte del rostro con una pañoleta del CRIC: “La dirigencia tiene nexos, un 30% de la dirigencia es de la guerrilla”.

No voy a considerar aquí la validez o no de lo que dicen estos entrevistados, sino a denunciar la tergiversación que séptimo día hace de lo que éstos dicen, para dejar a los televidentes completamente asombrados. De las frases señaladas en el párrafo anterior, Séptimo Día concluye:

“Es importante destacar que la gran mayoría de los indígenas del país no tienen nada que ver con la guerrilla, según Chepe solo se trata del 30% en el Cauca, pero según el comandante del frente Alfonso Cano, por lo menos en su frente el porcentaje es muy alto”.

El juego de palabras consiste en que se habla indistintamente de porcentajes de integrantes de un frente guerrillero, de porcentajes sobre el total de la dirigencia indígena y de porcentajes de población indígena, para terminar afirmando que el 30% o más de la población indígena es guerrillera; conclusión final que es completamente distinta a lo que han dicho los entrevistados.

La anterior conclusión se reafirma con esta otra aseveración de séptimo día: “En el resto del país una cosa es ser indígena y otra ser guerrillero, Séptimo día pudo establecer que en algunas zonas indígenas esta distinción no es tan clara”, arrancando de inmediato a hablar del Norte del Cauca.

Una pequeña operación matemática para las personas para las que no es habitual hacerlas: sí un frente tuviera por ejemplo 1.000 guerrilleros, según el porcentaje de Matías Aldecoa significaría que 990 de ellos son indígenas, cifra que sobre una población indígena como la del Norte del Cauca mayor a 100.000 personas, es menor al 1%.

Sí Séptimo Día y sus noveles editorialistas no distinguen entre este posible 1% y el resto, seguramente ven en cada indígena del Norte del Cauca un guerrillero y/o ese el mensaje que quieren transmitir.

Juegos de imágenes.
La entrevista a Alias Chepe. Éste aparece con una pañoleta del CRIC cubriéndose el rostro. Ya en el país hemos tenido casos que demuestran lo aberrante de testimonios de esta clase de informantes, pero acá quiero recalcar como esta combinación entre CRIC (pañoleta), desmovilizado e informante, permite que cuando alias Chepe habla como “nosotros”, está presentándose como indígena, como integrante del CRIC y como exguerrillero, y por tanto él solo, sin más, ya es un símbolo de lo que el programa pregona: que en el Norte del Cauca los guerrilleros son indígenas y los indígenas son guerrilleros, indistintamente, no claramente distinguibles.

¿Imágenes de guerrilleros o de indígenas? Se presentan imágenes de guerrilleros con armas de alto calibre y con cohetes de fabricación artesanal, en medio de una entrevista al comandante de la policía del Cauca que señala que los indígenas están utilizando artefactos explosivos improvisados en sus protestas. Claramente el coronel Pérez está hablando de artefactos utilizados en las protestas y séptimo día está haciendo imágenes y referencias a armas de guerra utilizadas por la guerrilla. Para que no quede duda de que lo que el programa quiere transmitir como mensaje, cuando se muestra al guerrillero con un arma de alto calibre se dice: “Fuentes oficiales le entregaron a séptimo día esta foto, se trata de un indígena cargando un fusil de alto calibre y precisión que sirve para destruir un carro, un tanque incluso un avión, según afirmaron expertos”. Claramente se quiere hacer énfasis en lo indígena, lo cual se refuerza con lo que a continuación aparece en el programa que se refiere a la entrevista al coronel sobre las protestas y a los artefactos utilizados. Luego de que habla el coronel, nuevamente séptimo día retoma imágenes de producción artesanal de cohetes de guerra, pero no aclara sí son de la guerrilla o de donde son y porque son presentados en ese momento, solo señala que séptimo día tuvo acceso a eso video.

LA CONCLUSIÓN DE SÉPTIMO DÍA.
La autonomía indígena debe ser revisada.
La Constitución nacional debe ser enmendada.
Ello lo hace lapidariamente (y mentirosamente) con las siguientes palabras:

“Nadie niega que las comunidades indígenas deben ser retribuidas, pero ¿por cuánto y hasta cuándo?”. “muchos derechos, muchos privilegios, como no pagar impuestos, gozar de salud gratuita, no hacer declaración de renta, entre otros beneficios. No le exigieron suficientes deberes, obligaciones con la sociedad en general. La autonomía indígena debe ser revisada según los mismos indígenas. Ninguna constitución es perfecta. Las victimas piden que se controle, se vigile, que se haga enmiendas a la constitución”.

ARGUMENTO SÉPTIMO DÍA: MENTIRAS O VERDADES A MEDIAS. COMENTARIOS
muchos derechos, muchos privilegios Se quiere hace creer que los pueblos indígenas tienen derecho por encima del resto de integrantes de la sociedad colombiana, pero lo que existen son unos derechos diferenciales que responde al convencimiento de muchas naciones en el mundo que sí estos no se aplican se llevaría a estos pueblos a su desaparición.
Por demás en el programa no se abordan estos derechos sino que sobre casos particulares y apenas enunciados, se dan frases contra la autonomía y la jurisdicción indígena.

No pagar impuestos. El impuesto predial es el único impuesto que no pagan las comunidades indígenas ni las comunidades afrocolombianas, sobre los territorios colectivos. Los demás impuestos son los mismos que para el resto de colombianos y colombianas.
Gozar de salud gratuita. No hay ninguna concesión a las comunidades indígenas, ni ninguna gratuidad distinta a la que prevé la la ley 100 para las personas que no están en régimen contributivo, sean no indígenas o indígenas.
Las personas indígenas tienen derecho a la mercantilizada y precaria salud a las que “accedemos” todos los demás colombianos y colombianas. El hecho de que organizaciones indígenas hayan conformado EPS no es ningún derecho distinto al que tienen los demás colombianos, solo que la mayoría lo hacen a través de empresas privadas con las que no tienen otra relación más que la de beneficiarios, en el caso de la salud subsidiada.

No hacer declaración de renta. No hay ninguna excepción en este tema, sí un indígena tiene ingresos por encima del nivel establecido para declarar renta tiene que hacerlo.
No les exigieron suficientes deberes, obligaciones con la sociedad en general. Las comunidades indígenas tienen los mismos deberes que los demás colombianos y colombianas. Incluso, ellas por identidad y cosmovisión asumen lo que debería ser un deber de todos nosotros y nosotras: cuidar y conservar el agua, el bosque, el oxígeno, las semillas.
Las victimas piden que se controle, se vigile, que se haga enmiendas a la constitución.
Dentro de los indígenas entrevistados y entrevistadas no se habló de hacer enmiendas a la constitución.

Las personas no indígenas entrevistadas y que se reclaman afectadas por la exigibilidad indígena si hay un reclamo en este sentido.

Para los conductores políticos del programa y/o entrevistados del Centro Democrático la constitución que reconoce una Nación Multiétnica no debería existir.

la conclusión desde una lectura crítica del programa. Sectores poderosos en Colombia se enfilan para acabar con la consulta previa, con la estrategia de la modificación o reglamentación de la misma, igualmente se preparan para una posible nueva constitución en el país donde esperan tener trabajada a la opinión pública para poder acabar con los derechos diferenciales y cualquier vestigio de nación multiétnica, pero sobre todo para avanzar sin oposiciones hacia la hegemonía del extractivismo y del despojo territorial necesario al mismo. Programas como Séptimo Día son una herramienta de propiedad y al servicio de estos sectores; esa es la libertad de prensa existente en Colombia.
Henry Caballero Fula.

Integrante Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN.

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