Posicionamiento frente a políticas ambientales en los territorios indígenas del Cauca

Martes 23 de julio de 2019, por Milton Heber Pardo

Los pueblos indígenas del Cauca hemos cuidado, defendido y protegido el territorio y todo lo que en él convive; es así como las autoridades ancestrales y las comunidades mediante Mandatos de los congresos y resoluciones expedidas en el marco del derecho propio, conforme a su autonomía han proferido el Mandato ATEA No. 01-0718 que establece y ratifica las normas y procedimientos propios de la Autoridad Territorial, Económico, Ambiental; el cual en sus artículos 30, 32 y 33 señalan respectivamente: las facultades de las autoridades indígenas para controlar, administrar el territorio y los espacios de vida dentro de su ámbito territorial, la prevalencia de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la madre tierra y de los espacios de vida en el territorio.

El territorio para los pueblos indígenas se concibe desde lo cultural y lo espiritual desde tres mundos; el de abajo, el del medio, el cósmico; es también el elemento esencial para la pervivencia de los Pueblos Indígenas y el pilar principal de nuestros Planes de Vida. Es así como los seres que allí existen hacen parte de la madre tierra y conllevan al buen funcionamiento de la misma; por lo tanto, se considera como un sistema integral de vida propio, donde se debe respetar, proteger y cuidar los espacios de vida y los sitios sagrados.

Los pueblos indígenas tenemos una visión diferente del desarrollo, buscamos y propendemos por el cuidado, la protección, el uso armónico del territorio y la protección integral de todas las formas de vida y el buen vivir de los pueblos.

Contrario a estas formas de vida, las políticas internacionales impuestas por los países desarrollados y organismos multilaterales, adoptadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan la explotación, la mercantilización del territorio y todo lo existente en él, a través mecanismos de ordenación, delimitación, entre otros, de los mal llamados “ecosistemas estratégicos”, siempre con el objetivo de darle un valor económico, comercial y capitalista a la vida que se genera en el territorio.

El gobierno nacional ha adoptado éstas políticas a través de la expedición de normas, leyes, decretos, planes, programas y proyectos: minero energéticos, territoriales, económicas, ambientales, de semillas, sanitarias, comerciales, uso de glifosato, planes nacionales, departamentales y municipales de desarrollo, de ordenamiento territorial, mecanismos de ordenación, delimitaciones y zonificación; que vulneran y atentan contra la vida de los pueblos indígenas y de la sociedad en general, el buen vivir (desarrollo) y la autonomía, van en detrimento al derecho ancestral a ocupar nuestros territorios y por ende las afectaciones al mismo, sin tener en cuenta la concepción de desarrollo de los pueblos originarios e implementando sus políticas de manera inconsulta y en contra de la cosmovisión, los usos y sus costumbres.

Es por eso que como pueblos indígenas no aceptamos éstas políticas impuestas y la expedición de leyes del despojo e instamos a que se garantice el consentimiento previo, libre e informado, pero no solamente como un trámite administrativo, si no como derecho fundamental tal y como se encuentra establecido en el convenio 169 de la OIT, y que a su vez garantice otros derechos fundamentales para los pueblos indígenas, mediante procedimientos que propendan por el respeto y la protección del territorio, la diversidad étnica y la identidad cultural como pueblos.

El ejercicio de este derecho debe ser armonizado con la autonomía que tienen los pueblos indígenas para tomar decisiones que los afecten o puedan afectar, principalmente en asuntos territoriales. Bajo ningún punto de vista se deben realizar procesos de consulta previa, mediante directrices o parámetros contrarios al espíritu de este derecho; por lo anterior se debe buscar la obtención del consentimiento previo, libre e informado.

Debido a las políticas impuestas y la expedición de normas, leyes entre otros de manera inconsulta; como pueblos indígenas a través de la Autoridad Territorial Económica Ambiental, en el marco del tribunal indígena y de acuerdo con nuestras competencias constitucionales determinamos no permitir el desarrollo, la implementación y ejecución de dichas políticas y normas dentro del ámbito territorial de los pueblos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca y rechazamos contundentemente su imposición en nuestros territorios ancestrales.

CONSEJERÍA MAYOR DEL CRIC
23 DE JULIO DE 2019.

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