Entre las acusaciones contra la AngloGold Ashanti, la tercera extractora de oro del mundo, tres casos toman especial importancia y que de no ser por la participación directa del Estado no se hubieran podido realizar. 1. Beneficiarse de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y violaciones al DIH. 2.Adecuación de la legislación minera a sus intereses. 3. Violación de la legislación colombiana en relación la consulta previa, libre e informada de las comunidades negras.
Se acusa a la empresa AngloGold Ashanti de beneficiarse (otorgamiento de títulos mineros) con los hechos de represión generados por el Estado colombiano y ejecutados por estructuras paramilitares y militares legales. La base de esta acusación consiste en la represión oficial (violaciones a los derechos huamnos e infracciones al DIH) que generó crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, torturas, asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado contra personas que se oponían a la perdida de sus territorios, sus garantías de vida digna y a la entrega de títulos a la AngloGold Ashanti.
Como crimen de lesa humanidad se denunció la ejecución extrajudicial del líder agro-minero ALEJANDRO URIBE CHACÓN, en una operación militar denominada “Araña” bajo la responsabilidad del ejército nacional encargados de proteger zonas estratégicas para la extracción de oro en el sur de Bolívar. Los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2006, y fue antecedida de señalamientos e informes de inteligencia militar relacionando a la víctima con hechos organizativos de la comunidad para obstaculizar el ingreso y desarrollo de empresas mineras a la región, en el caso concreto de la Sociedad Kedahda -AgloGold Ashanti. Tras el asesinato, el dirigente agrominero fue presentado como guerrillero muerto en combate.
Este asesinato se relaciona directamente con campañas de desplazamiento y despojo contra los pobladores de esta región minera desde 1998 y que dejaron un terrorífico saldo de víctimas. Por datos recopilados por el proyecto nunca más se pudo establecer la desaparición forzada contra 80 personas, 330 asesinadas, 88 torturadas y cerca de 57 mil personas sometidas al desplazamiento forzado con el fin de des-vertebrar el tejido social, la capacidad organizativa de las comunidades, y permitir el ingreso de empresas multinacionales como la AngloGold Ashanti. También el Estado desmontó zonas de reserva especial en el Sur de Bolívar para posibilitar la entrega en concesióna de territorios a la empresa Oro Fino Gold Corp.
También se denunció como detención arbitraria y montajes judiciales la detención contra Teofilo Acuña, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, por soldadados del Batallón Nueva Granada, los mismos vinculados con el asesnato de Chacón, y la policia nacional, argumentando que el dirigente agro-minero hacia parte de la insurgnecia, y bajo informes de inteligencia militar en los que se señala a Teofilo como “organizador de las masas para impedir la entrada de AngloGold Ashanti y la sociedad kedahda en el sur de Bolívar. Montaje judicial que la fiscalia de ddhh de cartagena archivó y compulsó copia para que los militares sean investigados por este montaje y demás violaciones de derechos contra Teofilo Acuña.
Otra de las acusaciones radica en adecuación de la legislación minera a sus intereses. Este hecho también se da gracias a la relación Estado-Multinacionales, donde la señora Luisa Fernanda Aramburo fue uno de los enlaces directos para desarrollar el impulso estratégico de otorgamiento de títulos mineros a la AngloGold Ashanti. La señora Aramburo fungió como asesora del Estado en la elaboración del proyecto de código de minas en 1996, para ser la apoderada judicial y Directora Adjunta de Concesiones y Propuestas Mineras de la AngloGold Ashanti.
También salió a flote el nombre del señor Julián Villaruel, ex Director de Ingeominas (2004-2007), contra quien la Procuraduría abrió un proceso discilinario por entrega irregular de títulos mineros por medio de Ingeominas. Julian Villaruel funciona ahora como Director Operativo de la empresa Gramalote que es filial, o tiene contratos de riesgo compartido, con AngloGold Ashanti. Vale anotar que el tiempo en el que Villaruel trabajó en ingeominas se relaciona con el crecimiento de titulos adquiridos por AngloGold Ashanti los cuales pasaron de 1,9 millones de hectareas en el 2003, a cerca de 8.4 millones de hectareas tituladas para minería en el año 2009.
Actualmente esta empresa ha reclamado cerca 13.1 millones de Hectáreas en concesiones para la exploración y explotación de oro. Esto incluye zonas de reservas especiales, reservas indígenas, negras y en paramos. De estos últimos AngloGold ya tiene 19 títulos mineros la mayoría en el páramo de Santurban. Títulos aprobados a la ligera, entre el 28 de enero y el 2 de febrero, antes de que entrara en rigor la Ley 1382 que excluía los páramos de la actividad minera.
Violación de la legislación colombiana en relación a la violación de la consulta previa, libre e informada de las comunidades negras.Uno de los casos denunciados es el del corregimiento de La Toma en el departamento del Cauca. Comunidad violentada por el Estado, empresas nacionales y multinacionales como la AngloGold Ashanti, CosigoResources, Unión Fenosa, Smurfit Kappa, Cartón de Colombia y Héctor Sarria, que deambulan por la zona ambrientos de oro y acumulación de capital.
El Estado, por mdedio de ingeominas que en los últimos 8 años entregara cerca de 9 mil títulos mineros sin ningún control jurídico ni de responsabilidad social, otorgó licencias de explotación minera faltando a la ley, sin que las empresas hubieran cumplido con los requisitos legales pertinentes tales como la consulta previa, y solicitud y aprobación de alicencias ambientales. Esto generó que el 30 de abril de 2010, por medio de la resolución Nº 8463-3-30, el Estado ordenara el desalojo de 1300 familias que optienen su sustento económico através de la minería artesanal desde hace cerca de 300 años, en zona rural de La Toma Cauca, para entregar la zona minera a empresas nacionales y multinacionales.
Hablamos de un área y una actividad que tiene carácter ancestral y consta de 7000 hectareas aproximadamente. El desalojo se evitó momentaneamente debido a una acción de tutela que interpuso la comunidad en la que solicitaron a la Corte Constitucional protección a la vida digna, consulta previa, debido proceso, al trabajo y a la economía y a la autonomía e integridad cultural. La acci’on se interpuso contra la Alcaldía de Suárez Cauca; los Ministerios del Interior y de Justicia; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; de Minas y Energía; INGEOMINAS; el Juzgado 1° Administrativo del Circuito de Popayán; el señor Héctor Jesús Sarria; y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).
Frente a la solicitud, la Corte ordenó a Ingeominas, y otras instancias estatales, mediante la Sentencia 1045-A, suspender todas las licencias de explotación y exploración minera en el corregimiento de La Toma de Suárez, en el Cauca, hasta tanto se realice, de manera adecuada, la consulta previa y se expida, en su momento legal y si hubiere lugar, la licencia ambiental respectiva. Esto debido a irregularidades legales.
También ordenó que se le suspenda la extracción de oro que realiza el señor Héctor Jesús Sarria, a quien Ingeominas, en marzo de 2002, le concediera 99 hectareas para extracción de oro en La Toma Cauca por término de 10 años prorrogables, sin licencias ambientales, y sin realizar la consulta previa. Sin embargo se denuncia que la angloGold Ashanti tiene dos contratos de concesión (HJ3-08211 y HJ3-08212X) en áreas con presencia histórica de comunidades negras en el Cauca (Resolución VSC 0401 de abril 26 del 2013, Agencia Nacional Minera) y que sestas conceciones, junto a unas 30 más, también presentan irregularidades.
La llegada de la AngloGold Ashanti a Colombia se inicia antes del año 2000. En el 2003, se registraría con el nombre de Sociedad Kedahda. S.A que para el 2007 había solicitado 47 títulos mineros tras hacer exploración minera en más de 11 millones de Ha, con una inversión superior a los 140 millones de dólares. Luego, con el hallazgo en Cajamarca Tolima, de lo que ellos llamarían como “’Mina La Colosa”, comienzarían a utilizar públicamente su nombre de AngloGold Ashanti, transfiriendo todos los títulos de una a otra compañía y manteniendo el mismo NIT. 830127076. Esta multinacional además opera en Colombia por medio de distintas filiales o con las que tiene contratos de riesgos compartidos como Glencore, B2Gold, Greystar, Gramalote y Goldfields.
Estado, leyes, multinacionales y despojo.
Despojo, destrucción, contaminación de bienes comunes naturales, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales contra personas, negación de culturas e identidades y militarización es parte del prontuario de la AngloGold Ashanti en Colombia, y parece ser el de las multinacionales en todo el Continente latino americano, y las zonas del mundo ricos en recursos minero energéticos. La utilización de la violencia y la corrupción jurídica como dispositivo de control y pocisionamiento de los territorios y como garantía de acumulación de riquesas, de explotación obrera y opresión social. Todo con la complicidad de los Estados, y sus partidos políticos dominantes y mayoritarios en el congreso de la república, cortes de justicia y entidades de control estatal, que aprueban decretos y leyes en beneficio de las coorporaciones y el gran capital que amparado amparad por una estructura militar y jurídica garantiza a las empresas la expliotación y comercialización de los recursos minero energéticos como petroleo crudo y derivados, gas, carbón, agua, oro, niquel, madera, alimentos, entre otros a bajo costo y eximidos de grandes gastos de arancel, imponiendo una desregulación de la economía, y los precios del mercado, tercerizacióon laboral, y explotación mineroenergética desde un modelo extractivista y reprimarizador de la economía. que garantiza además, por medio de la violencia, las dinámicas del despojo.
También son responsables los grandes medios de comunicación que con el discurso del desarrollo e incremento económico intentan ocultar las graves violaciones de derechos humanos.Las zonas de mayor extracción minero energético son las zonas de mayor pobreza y de violaciones de los derechos humanos del país.
Es por estas razones que el Juicio Ético Contra el Despojo se centra en la responsabilidad política y jurídica, no sólo de las empresas, sino ambién del Estado Colombiano.
Escrito por:
Celestino Barrera A.
Comunicaciones Congreso de los Pueblos
fuente:http://www.cric-colombia.org/portal/juicio-a-anglogold-ashanti-por-beneficiarse-de-graves-violaciones-a-los-derechos-humanos-y-al-dih-en-colombia/
www.congresodelospueblos.org