La muerte de nuestra autoridad Ne’jwe’sx, EDWIN DAGÜA IPIA nos llena de un profundo dolor. A ella se le suma el asesinato de Luis Neider Prado Medina, de 23 años de edad a las 11 pm del día de ayer, comunero del resguardo indígena de San francisco vereda de Natalá, perpetrado en inmediaciones del Palo municipio de Caloto. También la muerte de Soledad Ramírez, Gladis Rivera, Henrry Ulcué Finscue y más de 10 asesinatos sucedidos en menos de una semana sobre la zona que comprende el corredor Corinto-Toribio-Caloto.
Este asesinato acontece luego de la asamblea de control territorial del Credo, en el marco del pos-acuerdo con las Farc, donde nuestras autoridades ancestrales ratificaron nuestra posición de autonomía contra el accionar armado de grupos delincuenciales que pretenden dominar la vida y la libertad de nuestros pueblos en el territorio. Hechos unidos a las constantes denuncias que hemos reiterado a largo de los años que aún no encuentran acciones concretas del estado para salvaguardar la vida. Denunciamos que hay quienes quieren sembrar el terror sobre nuestros territorios y acabar con nuestra cultura, por el simple hecho de pensar y vivir desde el corazón, por que defendemos el buen vivir en un sentido ligado fuertemente a la madre tierra. Hoy en pleno siglo XXI y después de 2 años de firmados los acuerdos de paz:
38 pueblos indígenas en extinción física y cultural declarados por la corte constitucional, en sus sentencias T-025 de 2004 y sus Autos de seguimiento 004,009,092,173,174 y 251.
Población con más hechos victimizantes registrados a partir de la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha: 400 líderes con medidas de protección individual, 224 amenazas, 12.528 indígenas confinados o privados, 5.730 indígenas victimas de desplazamiento forzado, 43 reclutamientos, 40 atentados.
Grupo poblacional organizado con más alto porcentaje de líderes y lideresas asesinados, 83 en el marco de la implementación de los acuerdos de paz (Desde Noviembre de 2016 a Diciembre del 2018) 36 en lo que va corrido el gobierno de Iván Duque.
Esto sucede 15 días después de la visita del relator de derechos humanos de la ONU y hechas sus recomendaciones al gobierno nacional. Los pueblos indígenas le recordamos a la sociedad Colombiana y al mundo que durante siglos hemos sobrevivido a la barbarie y el genocidio sistemático de la Colonia, la República y el Estado, des-armonías y desequilibrios causados desde 1492 que nos constituyen como victimas de larga duración. Mientras tanto nada ha avanzado el Gobierno nacional en materia de reparación integral colectiva y en restitución de los territorios de los que hemos sido despojados. Ni un solo pueblo o territorio indígena ha sido reparado integralmente seis años después de expedido el Decreto-ley sobre víctimas indígenas.
La falta absoluta de voluntad política, o mejor dicho, el silencio cómplice de las instituciones gubernamentales, en cabeza de la negligencia de la fiscalía general de la nación, que hasta la fecha no han mostrado resultados en las investigaciones pertinentes, nos lleva hoy, como siempre, a caminar la palabra, esa palabra que cuenta desde nuestras propias voces, vivencias y cosmovisiones el andar de nuestra historia, que para los pueblos indígenas es sinónimo de lucha, resistencia y dignidad.
La violencia es cíclica y de un periodo a otro se sigue reproduciendo con otros sujetos, con otras armas y estrategias más sofisticadas que muchas veces no son tan evidentes, con asesinatos sistemáticos y amenazas selectivas que generan divisiones y desconfianzas internas, así como guerras económicas y comerciales vinculadas a lo lícito y lo ilícito. Una mano invisible de la estrategia militar detrás del terror premeditado, que utiliza estos nuevos grupos delincuenciales como brazo paramilitar para debilitar nuestros proceso de resistencia.
Denunciamos y rechazamos la existencia de 4 grupos armados que no se acogieron al proceso de paz, hoy convertidos en delincuentes con su origen en los frentes 6, 8 y 30, las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas. Comandados por Fernando Méndez alias el “indio”, Gerardo Paví alias “barbas”, alias “Javier” y alias ‘Pija’, responsables de los asesinatos y las amenazas que hoy sufrimos y que tienen influencia en los municipios de Corinto, Toribío, Miranda, Caloto, Buenos Aires, Suárez, Morales y Caldono. Grupos de diferente extracción, que desde el Eln, Epl, pasando por los ‘fantasmas’ paramilitares, y nombres novedosos como Patria Libre, Patria Grande, y Fuerzas Unidas del Pacífico generan fuertes des-armonías a raíz de los múltiples yacimientos minerales y la extensa cadena productiva del narcotráfico.
Actores armados de lado y lado nos estigmatizan y la clase política y empresarial, así como los grupos paramilitares coinciden en reproducir el discurso ideológico que nos tilda de enemigos del desarrollo y del progreso. Responsabilizamos al gobierno nacional y la extrema derecha colombiana, encabezada por el presidente Iván Duque, por ser los representantes históricos de los grupos privilegiados que se lucran de la muerte y el empobrecimiento de los sectores más vulnerables. Cobardes y mentirosos que desde la campaña del plebiscito, hasta su llegada al gobierno nacional, están generando un panorama de muerte y regresión histórica, frente a la oportunidad que significaron los acuerdos de paz para quienes habitamos los territorios más golpeados por la guerra.
Nos declaramos en asamblea permanente, vigilantes de todo aquel que quiera perjudicar nuestras comunidades y nuestro ejercicio de gobierno propio. Activaremos todos los puntos de control territorial y convocamos a una minga de armonización del territorio frene a actos y actores que generan desarmonia territorial. Llamamos a todos los sectores sociales, afros y campesinos a fortalecer la unidad en procura de sembrar la esperanza en nuestros pueblos para cosechar la paz.
Invitamos a los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas – ONU, Organización de Estados Americanos – OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH a las embajadas, gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional para que sigan visibilizando, denunciando y acompañando los procesos territoriales de los pueblos indígenas, en especial a las comunidades Nasas del Norte del Cauca y todos quienes en Colombia seguimos padeciendo los dolores de la violencia.
Nunca nos rendiremos, pues cada ataque solo nos fortalece. La defensa del control territorial y la liberación de la madre tierra son mandatos espirituales y comunitarios que defendemos como derecho de ley de origen. Caminamos la palabra y seguimos buscando el restablecimiento de la armonía. Hasta que se apague el sol.
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Territorio Ancestral de Huellas, Caloto, 08 de diciembre del 2018