Los declaraciones de gremios económicos y sectores políticos sobre el Plan Cauca del INCODER realizados luego de la presentación del mismo por el Gobierno nacional en la ciudad de Popayán, muestran como en nuestro departamento cada día que pasa estamos más lejos del espíritu y mandatos de la Constitución de 1.991 en términos del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
La Constitución vigente en nuestro país, postula el tratamiento diferencial de las etnias que integran la Nación sin que ello quiera decir desconocimiento de derechos para el resto de población colombiana. Lo que se reconoce constitucionalmente es que para garantizar la supervivencia de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales de San Andrés y Providencia y comunidades Room, las políticas públicas deben ser elaboradas acorde con sus características históricas y culturales. Igualmente la Constitución integra en su contenido los convenios internacionales de derechos humanos, ratificados por Colombia, que no puedan ser limitados por el país en estados de excepción; particularmente el convenio 169 de la OIT ha sido reconocido por la Corte Constitucional como parte de este llamado Bloque de constitucionalidad. Este convenio integra a la Constitución Colombiana el mecanismo de la consulta libre, previa e informada para comunidades indígenas y afrocolombianas.
Los sectores que tradicionalmente se han opuesto a una democratización en el Cauca y a un desarrollo con equidad han tratado de contraponer a indígenas, campesinos y afrocolombianos, con el argumento de que las luchas de los indígenas se realizan en contra de los intereses de estas poblaciones. Sin embargo es necesario que en estos debates no se olvide que el Cauca es uno de los departamentos con mayor desigualdad, pobreza y miseria del país, y que ello es lo que obliga a la lucha social. La ausencia de una real reforma agraria en nuestro departamento y en el país hace que en algunas circunstancias, ante la posibilidad de la compra de un predio por parte del Estado las diferentes demandas de campesinos, indígenas y afrocolombianos terminen en competencia, por lo cual los sectores políticos y económicos dominantes en el Cauca buscan convertir esto en un conflicto interétnico.
El Plan Cauca del INCODER ha sido mostrado por la SAC y algunos sectores políticos, como un Plan en contra de afrocolombianos y campesinos. Ante esto el INCODER, además de la presentación hecha por la dirección nacional, no ha dicho nada. En todo caso, en la medida en que con ello se pretende orquestar un sentimiento racista y en contra de las luchas indígenas y del cambio en las condiciones de inequidad y desigualdad en el departamento, queremos expresar las siguientes opiniones al respecto:
- El Plan Cauca es un plan diferencial para indígenas y afrocolombianos, los cuales constituyen el 41% de la población del departamento. En la reunión de agosto 10 de 2011 se presentaron las acciones para comunidades indígenas. Es labor del INCODER hacer la presentación del plan para comunidades afrocolombianas. El director nacional de esta institución afirmó en la presentación del Plan Cauca, que está planteado dentro de su cronograma la legalización de 190.000 hectáreas del Naya para las comunidades afro.
- En la medida en que la población rural no indígena ni afrodescendiente es de un 22% del departamento para esta población también se debe tener un plan que debe ser trabajado en mesas de concertación con este sector poblacional. De hecho sabemos que se viene trabajando para algunas zonas la propuesta de zonas de reserva campesina.
- Se ha dicho que con el Plan Cauca (2011-2014) se van a entregar a indígenas
74.457 hectáreas y se ha tratado de alertar a campesinos y afrocolombianos de que ello se haría en contra de sus demandas y aspiraciones territoriales. Esto no es cierto y es un manejo amañado de la información. En realidad el Plan no define más que la compra directa de 2.921 hectáreas, como faltante del Acta Operativa, desarrollo del decreto 982/99, hecha con el Presidente Uribe en el año 2.005 y que en la actualidad se encuentra incumplida. Los recursos que se dice se invertirán en el año 2011 son recursos que ya han sido invertidos en lo que va corrido del año y no recursos hacia delante.
Las demás tierras tienen las siguientes características:- 43.000 hectáreas ya están entregadas hace varias décadas en calidad de tenencia a las comunidades indígenas pero por situaciones burocráticas aún no se han titulado a las mismas aunque ya han sido pagadas a sus antiguos propietarios por procesos de reforma agraria en el antiguo INCORA. Estas tierras aparecen como de propiedad del Fondo Nacional Agrario.
- 5.819 hectáreas son tierras en posesión de las comunidades indígenas por procesos de recuperación y exigibilidad desde hace también varias décadas, pero estas no han sido pagadas a sus propietarios. Se ha definido por acuerdos entre CRIC y gobierno nacional que estas tierras sean priorizadas para pago. Fue presentada una propuesta para ello a la Junta Directiva de INCODER pero aún no han sido asignado recursos. Compartimos el planteamiento que ello debe hacerse de la manera más rápida posible.
- 16.417 hectáreas corresponden a procesos de constitución y ampliación de resguardos, de lo cual lo único que hay concreto hasta ahora es el inicio de los estudios socioeconómicos, primer paso que debe hacerse legalmente para empezar dicho proceso. La cifra en hectáreas es aproximada y se ha calculado por INCODER con base en la población beneficiaria. Una gran parte del área calculada será cubierta con propiedades de las familias indígenas que se donarían para la constitución de dichos resguardos.
- 6.300 hectáreas se encuentran en conflicto entre comunidades ya sean indígenas, afrocolombianas o campesinas y en su mayoría están ya ocupadas por una de las comunidades en conflicto. Regularmente son tierras compradas por el INCORA O INCODER entregadas legalmente a una comunidad y reclamadas por otra. El Plan Cauca no define situaciones de reclamación al respecto sino que se propone solucionar esto por procesos de dialogo y concertación, garantizando dotación de tierra, de manera que se de fin al motivo de la disputa.
- El Plan Cauca señala también el abordaje de estudios de títulos de propiedad de los resguardos indígenas de origen colonial y republicano, ello en cumplimiento de una norma contenida en la ley 160 de 1.994. Hemos presentado legalmente argumentos en contra de la necesidad y pertinencia de estos estudios, en la medida en que se refiere a los resguardos que históricamente se han venido reconociendo y de los que las comunidades han venido haciendo ejercicio de propiedad colectiva. En todo caso, acá solo queremos dejar claro que se trata de los resguardos tradicionalmente reconocidos, ya que el tratamiento hacia la opinión pública por parte de los gremios y sectores políticos pareciera dejar otro mensaje. Es apenas lógico que cualquier estudio que se haga sobre nuestras propiedades colectivas, las cuales han venido siendo reconocidas por el Estado, tenga que contar con nuestro conocimiento y consentimiento.
La Consejería Mayor del CRIC, lamenta que frente al Plan Cauca, los medios de información solo estén publicitando la versión de la SAC al respecto y no se haya contado con el Incoder, ni con los pueblos indígenas, siendo que nosotros hemos presentado de forma continua los compromisos que tiene el Estado Nacional con nuestras comunidades. Por lo anterior nuestro llamado es facilitar espacios y generar un ambiente de diálogo social de manera que podamos avanzar hacia un Cauca en armonía y equilibrio, unidos en la diversidad.
Consejería Mayor Consejo Regional Indígena Del Cauca –CRIC-