El presidente Barack Obama gestionó la aprobación del TLC con Colombia y el Congreso de los Estado Unidos lo aprobó a pesar de la oposición y lucha perseverante de parlamentarios comprometidos con la garantía previa de los derechos humanos. No resta mucho que decir cuando, coincidencia o acto deliberado, el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, se firma un 12 de octubre, fecha simbólica de la primera invasión al territorio hoy conocido como América.
Dicho tratado, en palabras, incluso del mismo gobierno y sus amigos, resulta siendo un instrumento que facilita la apertura a los productos norteamericanos y al capital multinacional en detrimento de la mayoría de los habitantes del país, en especial de los pobladores del campo, el empleo nacional, los pequeños y medianos productores, la naturaleza, el agro colombiano y el valor agregado, siendo, a todas luces, un nuevo marco jurídico que limita la Constitución nacional y aísla a Colombia del concierto de naciones con autodeterminación.
Como pueblos indígenas, en unidad con otros sectores pobres del país, en su momento
habíamos manifestado nuestro rechazo al TLC elaborado por el Gobierno Uribe y
aprobado por el Congreso Colombiano, con el visto bueno de la Corte Constitucional,
razón por la cual, en noviembre del 2008, al saludar la elección del Señor Barak Obama,
el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, a nombre de la Minga de Resistencia
social y comunitaria, le escribió al nuevo presidente de los Estado Unidos, que uno de los
meritos de su triunfo había sido “…poner en duda la política exterior de guerra del
gobierno republicano”, debido a que había “ dejado saldos lamentables en países como el
nuestro”, pues las instituciones contaban con recursos y asesores militares que habían
“afectado la convivencia ciudadana y limitado la garantía de los derechos humanos”. En
dicha comunicación se le recordaba que a lo narrado ya él le había prestado principal
atención, permitiendo, en su momento “cuestionar la política del presidente Uribe frente al
asesinato de sindicalistas”. Explicándole que el mundo sabía que igual suerte sufrían
“indígenas y afrocolombianos, todo ello apoyado con recursos del Plan Colombia y con la
promoción de leyes que limitan los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario”, sugiriendo en consecuencia que dicha comunicación sirviera “…para iniciar
un proceso de acercamiento” que permitieran mostrar de primera voz la realidad de
nuestras gentes y territorios con “versiones diferentes a las expresadas por los voceros
del gobierno nacional, en especial de comunidades y organizaciones como las nuestras”
que nos oponíamos al proyecto de TLC, igual que a otros proyectos que en ese momento
estaban “poniendo en riesgo no solo los derechos humanos sino la estabilidad de la
madre tierra y de toda la naturaleza”.
Fue claro que el Gobierno colombiano a nombre del Estado y falsificando la
representación de sectores sociales, especialmente indígenas, alterando informes de
derechos humanos y hablando de procesos de desmovilización que nunca se
concretaron, continúo la gestión para que el proyecto fuera aprobado por el Congreso de
los Estado Unidos, lo cual sucedió y hoy espera la firma del presidente Barack Obama,
noticia lamentable para los sectores democráticos del país y del mundo.
Lo cierto es que Colombia hoy tiene un tratado que sustituye la legalidad colombiana, un
tratado, que a pesar de los procesos de consulta realizados por indígenas, campesinos,
sindicalistas y productores agrarios, siguió su curso sin atender los reclamos sociales, en
donde el gobierno mostró nula intención por garantizar la plena vigencia de los derechos
humanos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de los
trabajadores, especialmente los de asociación y negociación colectiva, tal como se lo
requerían, entre muchos, el relator para pueblos indígenas de la ONU, la OIT, La
Confederación Norteamericana de trabajadores AFL-CIO, y organismos como WOLA y
HUMAN RIGHTS WATCH, e incluso la misma Corte Constitucional colombiana.
Fue público, en cuanto a reivindicaciones de los pueblos indígenas, que el gobierno no
solo desconoció nuestros requerimiento y sugerencias sino que usó un lenguaje
demagógico, recurrió a indígenas desobedientes que no hacían parte de los procesos
orgánicos locales ni del país, igual que hizo con personas de otros sectores sociales, para
que defendieran el TLC en el llamado Cuarto de al Lado y apeló a la creación de
organismos paralelos de dudosa representación étnica como la opic, para que hablaran a
su favor, con los cuales fomentó el racismo y desestimo nuestras iniciativas, bajo la
promesa que el TLC no afectaría los territorios indígenas. Situación que continuaremos
defendiendo desde nuestros procesos de autonomía y resistencia.
Por ahora, lamentando la nueva realidad de dependencia jurídica del orden internacional
en la que permanecerá Colombia por décadas, donde la Constitución Política será un
adorno más de lo que ha sido en materia de derechos humanos y garantías
fundamentales, la Consejería Mayor CRIC, nos comprometemos a promover la creación
de un OBSERVATORIO del TLC, que permita hacer un seguimiento pormenorizado de los
efectos que producirá este nuevo escenario, instancia a la cual invitamos a todos los
sectores sociales organizados, empresariales y académicos que no solo advirtieron sobre
las consecuencias nefastas de este Tratado sino que apoyaron, promovieron y
participaron del proceso de consulta que convocamos en el año 2004 y que definió un NO
rotundo a la iniciativa Presidencial. Igualmente llamamos a los congresistas y líderes
políticos colombianos que criticaron el proceso de aprobación legislativa del TLC,
demostraron las amenazas que conllevaba su firma para el país y propusieron cambios en
el texto original, igual que a los congresistas de Estado Unidos que de forma aferrada
defendieron hasta el último momento la vigencia de los derechos humanos y reclamaron
de forma permanente que su país exigiera como requisito, al gobierno colombiano, plena
garantía de los derechos laborales de los trabajadores de este país.
Nuestra intención en la actualidad, es permanecer vigilantes para que los derechos de los
pueblos indígenas a la participación y a la consulta, en términos de consentimiento previo
libre e informado no vayan a ser desconocidos como ya sucedió cuando se formuló y
aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estado Unidos.