Las autoridades indígenas de la Zona Tierradentro y dinamizadoras del Consejo Regional Indígena del Cauca se reunieron este lunes 18 de marzo para discutir el impacto y las implicaciones del decreto 4633 en las comunidades afectadas por el conflicto armado.
El decreto 4633, promulgado en 2011, busca proporcionar reparación colectiva e individual a las víctimas del conflicto armado en Colombia, especialmente a las comunidades indígenas. Siendo este un decreto que tiene como fundamento el derecho propio, la ley de origen, el derecho mayor de los pueblos indígenas y tiene los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía. Sin embargo, su implementación ha sido lenta y compleja, lo que ha llevado a un análisis exhaustivo por parte de las autoridades indígenas.
Este decreto, concebido en 2011, surgió como respuesta a la falta de consulta previa para la atención a las víctimas de los pueblos indígenas en Colombia. Sin embargo, su implementación ha sido postergada por gobiernos anteriores, lo que ha generado preocupación en las comunidades indígenas.
En este contexto, se ha iniciado un proceso de diálogo entre el Consejo Regional Indígena del Cauca y las autoridades gubernamentales para avanzar en la reglamentación y el plan de aceleración del decreto. Se han realizado asambleas comunitarias y recorridos territoriales para recoger recomendaciones y diseñar propuestas que garanticen el acceso efectivo a los derechos de las víctimas indígenas.
Durante la reunión, se discutieron los desafíos y las oportunidades que presenta el decreto, así como las formas en que las comunidades pueden beneficiarse de él. Se hizo hincapié en la importancia de la retroalimentación de las comunidades para garantizar que el decreto refleje sus necesidades y preocupaciones.
Entre los temas prioritarios se encuentra la restitución de derechos territoriales, especialmente en áreas afectadas por el conflicto armado. Las comunidades indígenas exigen garantías de no repetición para evitar futuros episodios de exterminio y estigmatización.
Se destacó la necesidad de establecer mecanismos para coordinar la implementación del decreto, incluida la creación de oficinas de derechos humanos en los territorios indígenas. Estas oficinas servirían como centros de apoyo para las víctimas del conflicto armado, proporcionando servicios legales, psicológicos y médicos.
Además, se abordó la importancia de garantizar que las reparaciones lleguen a las personas que más las necesitan, especialmente a las familias afectadas por el conflicto armado. Se discutió la necesidad de fortalecer los sistemas de educación y salud indígena para garantizar el bienestar de las comunidades.
Se invita a estar atentos y participar en este proceso, que culminará con una mesa de concertación nacional entre los pueblos indígenas y el gobierno colombiano en mayo, con el objetivo de establecer una propuesta conjunta que beneficie a las comunidades indígenas de todo el país.
Por Comunicaciones Nasa Çxhãçxha 2024