La minga nacional, social, popular y comunitaria continúa exigiendo garantías para la vida, el cumplimiento del capítulo étnico y el acuerdo de paz

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La minga nacional, social, popular y comunitaria continúa exigiendo garantías para la vida, el cumplimiento del capítulo étnico y el acuerdo de paz.

Denunciamos ante organismos nacionales e internacionales que, justo después de que abriéramos un espacio para concertar caminos que permitieran a quienes estamos en protesta, una salida jurídica, la fiscalía general de la nación a través de su vicefiscal arremete contra la iniciativa de dialogo y conversa propuesta por la Minga, y con señalamientos y amenazas, busca criminalizar el legítimo derecho a la protesta social.

Es claro para la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria, que la fiscalía le miente al país, así se evidenció en las afirmaciones temerarias de la Vicefiscal Yaneth Mancera, quien, en los medios de comunicación nacional dijo: “puntos solicitados por las Organizaciones1 van en contra de las leyes”.

Esas afirmaciones publicadas por diferentes medios de comunicación, sumado a la negativa de la fiscalía, para dar respuesta a un documento que la minga construyó en conjunto desde el día 17 de junio de 2021, el cual contenía LA RUTA DE GARANTÍAS PARA LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS (recoge hechos ocurridos a partir del 28 de junio de 2021 hasta la fecha de la suscripción), y que fue modificado luego de una reunión interna sostenida por la Fiscalía, generaron reacciones de indignación por parte de las víctimas, quienes, en sus declaraciones de cara a la Vicefiscal, advirtieron que el Estado Colombiano No es Garante de sus Derechos Constitucionales.

El espíritu de los puntos planteados en el espacio recoge acciones que recaen sobre las competencias Legales y Constitucionales de la Fiscalía General de la Nación, por citar algunos ejemplos la Miga Nacional (…) indico que, una vez instalada la mesa técnica, en los casos de las investigaciones en curso en contra de los manifestantes en el marco de la protesta social (art. 37 C.P), previa valoración de los casos correspondía a la FGN, elevar ante los jueces de conocimiento la solicitud de escritos de preclusión, en los casos en que se configurara la causal número 1 del artículo 332 del Código Penal Colombiano, en concordancia con la Directiva 008 del 2016. Esto implica, que los puntos versaron en el marco de un análisis legal y constitucional; pues la última norma citada se encuentra vigente, no obstante, la fiscalía general de la Nación arguye que ha sido derogada.

En ese sentido, ese escenario deja claro también, que no serán investigado los crímenes cometidos por “la gente de bien”, civiles armados y agentes paraestatales, autores de los hechos registrados especialmente en las ciudades como Cali, Yumbo, Bogotá, Popayán, Huila, Putumayo, entre otros, que generaron afectaciones particulares a los Pueblos Indígenas, Sectores Sociales, Populares, Sindicales y Estudiantiles que se movilizaron alrededor del país.

Igualmente, los casos individualizados que no alcanzaron a ser evaluados en la mesa técnica, que, se pretendía instalar, una vez protocolizada el acta, fueron asumidos como actos vandálicos por parte de los funcionarios.

No obstante, insistimos en el ejercicio misional de la Fiscalía General de la Nación, que debe investigar los hechos relacionados con los Centros de Detención Clandestina, el uso excesivo  de  la  Fuerza  Pública,  delitos  contra  la  integridad  sexual  de  mujeres  durante  las protestas relación  a  los  vehículos  a  los  cuales  se  les  fue  decretado  medidas  cautelas tales  como  comiso,  serán  adelantados  ante  los  jueces  de  control  de  garantías  ante  la inminente  arbitrariedad  del  Estado.

Así  las  cosas,  denunciamos  ante  la  Comunidad  Internacional, Organismos  Garantes  y Defensores  de  los  Derechos  Humanos,  la  indebida  diligencia  del  Estado  Colombiano,   teniendo  en  cuenta  que  en  el  marco  del  dialogo  con  el  ente  investigador  dimos  a  conocer hechos  de  los  cuales  son  víctimas  líderes  y  defensores  de  los Derechos  Humanos;  pedimos claridades  sobre  la  vinculación  del  Consejero  Mayor  del  Cric  Ermes  Evelio  Pete  Vivas,  quien fue  citado  por  la Fiscalía 10  Especializada Sede  Santander  de  Quilichao entrevista  y  se  puso  en  conocimiento  la  amenaza  sufrí , para  rendir da  por  el  líder  indígena  y  coordinador del  equipo  del  Sistema  Político  de  Gobierno  Propio  del  Cric,  Jorge  Eliecer  Sánchez,  ambos víctimas  de  señalamientos  indiscriminados  propiciados  por  quienes  pretenden  deslegitimar el  Derecho  a  la  Protesta  Social.  Mucha s  vidas  y  territorios  están  en  inminente  riesgo.

La  Minga  Nacional,  Social,  Popular  y  Comunitaria  continua expresiones.  Exigimos  a  funcionarios  del  Estado  respeta través de  las  diferentes ar  este  ejercicio  de  autonomía  y  la dignidad  del  Pueblo  Colombiano. Continuamos  exigiendo garantías  para  la  vida, el cumplimiento  del  capítulo  étnico  y  el  acuerdo  de  paz, ya  que  seguramente,  si  ello  se  hubiera hecho,  sería  otra  la  situación  en  nuestros  territorios.

MINGA  NACIONAL,  SOCIAL,  POPULAR  Y  COMUNITARIA POPAYÁN

21  DE JUNIO DE 2021

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