La guerra de los grupos armados contra el movimiento indígena y sus autoridades no se detiene y ya no es noticia el registro del asesinato de algunos de sus integrantes en cualquier territorio indígena del país.
Pero el tema no es nuevo y se origina desde el mismo momento en que las comunidades en el norte del Cauca, determinaron la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, hace 51 años como mecanismo para hacerle frente a la problemática que vivían sus resguardos y buscar muchas reivindicaciones de carácter social de las que habían sido excluidos por los diferentes gobiernos en el orden nacional, regional y local.
Es así como en el municipio de Toribío, se inició esa guerra por parte de las FARC en contra de los comuneros porque uno de sus puntos de lucha era la de recuperar las tierras, hecho que iba en contra de los grupos guerrilleros que extorsionaban a los terratenientes por el «cuido» de las fincas y porque consideraban que lo importante no era ir por pequeñas reivindicaciones sino por la toma del poder por medio de las armas.
Uno de los primeros hechos se presentó en el Resguardo de Munchique y Tigres, municipio de Santander de Quilichao, donde se perpetró la primera masacre, en esta ocasión contra siete comuneros que se negaban a seguir sus postulados y por lo tanto ingresar a las filas del grupo armado. Luego vendrían una serie de asesinatos selectivos contra cabildantes de los resguardos de Toribío y San Francisco, que originó la reacción de los nativos conformando autodefensas que tuvo su final con un acuerdo con el Sexto Frente de las FARC que operaba en la región.
Ese sería solo el comienzo porque luego vinieron amenazas, retenciones, reclutamiento forzado de jóvenes, tomas guerrilleras a poblaciones con alta presencia de comuneros como Toribío, Caldono, Jambaló, Kokonuko, Puracé, Inzá y Belalcázar que solo afectaba a la población civil que debía afrontar las retaliaciones de la fuerza pública. Ese tipo de acciones continuaron directamente contra las autoridades tradicionales mediante señalamientos por medio de panfletos, grafitis en edificaciones públicas y también contra algunos mandatarios municipales que habían accedido a esos cargos por elección popular.
Con la firma del acuerdo de paz hace seis años, la situación antes que mejorar empeora para los territorios indígenas teniendo en cuenta que muchos de los combatientes determinaron no acatar las directrices de su comando central y conformaron bandas criminales que llaman disidencias que no tienen ningún principio ideológico sino el control del territorio para las actividades de narcotráfico y minería ilegal como lo han hecho conocer a través de diferentes mecanismos.
En este orden, con la conformación de la guardia indígena como mecanismo de control en sus territorios, estas personas ataviadas de una peinilla y un bastón se convirtieron en objetivo militar al considerarlos un obstáculo para sus pretensiones expansionistas, el reclutamiento de jóvenes y especialmente por oponerse al incremento de los cultivos de uso ilícito como mecanismos de sostenimiento económico.
Son muchas las historias de enfrentamientos verbales y hasta de fuerza entre guardias y alzados en armas en desarrollo de las acciones de control territorial con detenciones y juicios de combatientes que a esta hora purgan penas en «patio prestado» como llaman a las cárceles a cargo del Instituto nacional Penitenciario.
Infortunadamente de las amenazas en los últimos años ya se ha pasado a hechos muy delicados como el asesinato de la autoridad tradicional del resguardo de Tacueyó Cristina Bautista y cinco guardias indígenas, la muerte violenta de la gobernadora del resguardo de la Laguna-Siberia Sandra Liliana Peña, el asesinato del comunicador indígena del resguardo de Pioyá, Arley Campo, el asesinato de dos guardias del resguardo de las Delicias-Buenos Aires la semana anterior y ahora el crimen del excoordinador de la Guardia Indígena José Albeiro Camayo Güetio luego de varios atentados fallidos en ese mismo territorio.
¿Pero porque la guerrilla se ha ensañado contra las comunidades indígenas? es la pregunta que muchos se formulan. Una de las razones dice los propios comuneros es que es de carácter político por cuanto la organización indígena empezó a quitarle espacio a los grupos armados dónde estos hacían presencia y con ello ingresos económicos productos de la extorsión y la respuesta más cercana tiene que ver con el ejerció de control territorial en lugares considerados estratégicos para la actividad armada, el narcotráfico y la minería ilegal.
¿Porqué Toribío, Caldono, Tierradentro, o la zona occidente? Porque esta zona tiene conexión con el Valle del Cauca, Tolima y el Huila convirtiéndose en un corredor importante para comunicar el cauca con el centro, oriente y norte del país, así como con la Costa del Pacífico y en consecuencia facilitar el tráfico de narcóticos, la extracción minera, la comercialización de armas y hasta la industria del secuestro. Es en este corredor donde los grupos al margen de la ley han encontrado un grupo opositor importante en las autoridades indígenas que cumplen con orientaciones emanadas por las comunidades como la Resolución de Vitoncó, la Resolución de Jambaló y los mandatos de congresos que ordenan la limpieza de cultivos de uso ilícito y la minga hacia adentro como ejercicio de armonización de sus territorios.
Hoy, en las Delicias, Buenos aires al norte del departamento del Cauca, se concentra la guardia indígena de los once pueblos y las 139 autoridades tradicionales que hacen parte del CRIC, para retomar el control, rechazar los hechos de barbarie que vienen cometiendo los actores armados y para decirle al mundo entero que seguirán peleando hasta que se apague el sol….
Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC.
