El pasado 13 de agosto, en la posesión espiritual realizada en el territorio de Suarez, Cauca, Francia Márquez se pronunció sobre el interés del actual gobierno de reglamentar la ley 70 de 1993 y “dejar de gastar los recursos públicos” en las consultas previas con los pueblos indígenas, que con ocasión al convenio 169 de la OIT, la ley 21 de 1991 y la constitución política deben hacerse cuando se trata de temas que nos afectan. Aunado a ello, mencionó que esos recursos serán destinados a garantizar el acceso al agua potable a las comunidades del Cauca y del pacifico colombiano.
Estas afirmaciones constituyen una contradicción con sus posturas políticas y generan escenarios de estigmatización a las comunidades étnicas que, en el marco de la defensa de un derecho fundamental, exigen la consulta previa al responsabilizarlas de la carencia de acueductos que permitan que las comunidades del Cauca y el pacífico colombiano disfruten de agua potable.
Frente a estas declaraciones, las 139 Autoridades Ancestrales reunidas en el Consejo Regional Indígena del Cauca le comunican al gobierno:
El derecho colectivo fundamental de los pueblos indígenas a la consulta previa es de obligatorio cumplimiento y debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada pueblo o comunidad étnica, es decir, no está a disposición del actual gobierno, ni de ningún otro.
En este sentido, es importante recordarle al actual gobierno, que la consulta previa no ha sido un regalo, es fruto de la lucha y resistencia de los pueblos, legado para la protección territorial, cultural, espiritual de estos, y ha impedido en el departamento del Cauca que los territorios y toda la vida que reside en ellos sea mercantilizada y despojada.
La consulta previa en lugar de verse como un obstáculo para el “desarrollo”, debe ser considerada una fortaleza para la protección de la diversidad cultural, espiritual, territorial y ambiental del país, y se deben buscar los instrumentos por medio de los cuales se avance en el reconocimiento del consentimiento previo, libre e informado que permitan ampliar la protección jurídica
