El Consejo Regional Indígena del Cauca, sus 127 autoridades y sus 10 pueblos indígenas rechazamos el desalojo violento de comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas asentadas en un predio del municipio de Leticia, departamento del Amazonas por parte de unidades del ejército y el escuadrón móvil antidisturbios de la policía nacional en la mañana del 28 de octubre del 2020.
Estos hechos demuestran como el gobierno colombiano no soluciona los problemas más sentidos de nuestros pueblos sin embargo utiliza el exceso de la fuerza pública para dar respuesta a las necesidades que el pueblo reclama. El predio objeto de la controversia está siendo administrado por la Sociedad de Activos Especiales –SAE- y viene siendo reclamado desde hace varios meses por diferentes comunidades que carecen de vivienda digna y garantías para la supervivencia, pero la respuesta ha sido la orden de un desalojo violento por parte del alcalde municipal de Leticia Jorge Luis Mendoza Muñoz. Este procedimiento que deja dos personas gravemente heridas y un número indeterminado de heridos, había sido suspendido a petición del director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior Fernando Aguirre Tejada, pero, se desconocen las razones para que se reactivara la orden sin buscar una solución concertada.
Esta situación se suma a las políticas de exterminio puestas en marcha por el gobierno de Ivan Duque Marquez que en los últimos días no ha cesado sus acciones militares, señalamientos, amenazas, estigmatización como lo hizo con la reciente minga social del suroccidente colombiano por la vida, el territorio, la democracia y la paz.
Como Consejo Regional Indígena del Cauca llamamos la atención de los organismos de derechos humanos del orden nacional e internacional, para que se apersonen de esta situación y exigimos una investigación transparente que permita individualizar y judicializar a los responsables de este desalojo.
Exigimos a los organismos de control mantenerse vigilantes al proceso investigativo y el restablecimiento de los derechos usurpados por los organismos de seguridad del estado en cumplimiento de disposiciones de la alcaldía de Leticia.
Instamos a las comunidades indígenas de todo el país a mantener el estado de alerta y seguir movilizándonos para rechazar el proyecto de muerte del gobierno nacional y sus fuerzas armadas en contra de las comunidades menos favorecidas del país.
Por lo anterior las 127 autoridades indígenas y los 10 pueblos agrupados en el CRIC, nos solidarizamos con las familias que hoy siguen luchando por sus derechos y les enviamos una voz de aliento, fuerza y resistencia para continuar unidos en la búsqueda del reconocimiento de nuestros derechos.
Popayán, Octubre 28 del 2020
Consejería Mayor del CRIC
